A la par de los artilugios jurídicos a los que pueden recurrir tanto los Estados como los propios individuos reclamados para conseguir o evitar la extradición, existen prácticas extrajurídicas ampliamente utilizadas por los gobiernos para allegarse de manera rápida de los individuos reclamados; tales prácticas son la entrega informal y el secuestro transfronterizo. En el primer caso, los Estados acuerdan la entrega o intercambio de delincuentes al margen del ordenamiento jurídico aplicable.

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Para que una solicitud de extradición sea aceptada en México, se deben cumplir con los siguientes requisitos:

La falta de tratado de extradición dificulta la entrega de los delincuentes a la justicia, ya que no existe un marco legal que permita su entrega a otro país para ser juzgados o castigados.

En esta etapa, también se lleva a cabo la audiencia de admisibilidad, en la cual el juez de distrito analiza la solicitud de extradición y escucha los argumentos de la defensa y del Ministerio Público. Etapa de resolución

En el caso de que se solicite la extradición de un mexicano, es importante que se cumplan los requisitos establecidos en la Constitución mexicana, que establece que ningún mexicano podrá ser entregado a un país extranjero para ser juzgado por delitos políticos o militares.

La pena de muerte es una de las principales exigencias a respetar por parte de las autoridades mexicanas, ya que cualquier solicitud de extradición deberá aprobar que no puede ser sentenciado de esta forma.

El proceso de extradición puede ser largo y complejo, ya que se deben cumplir con todos los requisitos establecidos por la ley. Además, la persona acusada tiene derecho a defenderse y a impugnar la solicitud de extradición.

El Estado requerido CONCEDE o NIEGA la extradición, cabe señalar que pueden ser recurribles ambas decisiones tanto por la defensa del reclamado como por la Fiscalía que defiende la postura del gobierno mexicano reclamante de la extradición.

Además, aborda las figuras jurídicas del orden público y el fraude a la ley, ampliamente estudiadas por el DIPr, a fin de establecer, para el caso de la primera, los límites que tiene un Estado para obsequiar o denegar una solicitud de extradición, y para el caso de la segunda, la forma artificiosa en que los Estados o Source el propio reclamado pueden modificar los puntos de contacto o conexión aplicables al procedimiento de extradición, con el fin de obtener beneficios particulares que se traduzcan en el obsequio o rechazo de la petición de extradición.

Estas solicitudes no suelen resolverse con rapidez sino que implican procesos en los que intervienen tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial. A continuación te presentamos los principales pasos de esta ruta, definida en la Ley de Extradición Internacional.

El capítulo III, intitulado "La extradición y el derecho internacional privado", está dedicado al estudio de los puntos de conexión existentes entre la figura de la extradición y diversas ramas del derecho como el constitucional, penal, administrativo, internacional público e internacional privado. Es precisamente en el derecho internacional privado (DIPr) en el que la autora enfoca la mayor parte de su análisis. Se parte del argumento de que el problema central radica Source en la persona del extraditurus, quien por regla typical goza de una nacionalidad que lo vincula con un ordenamiento jurídico nacional determinado, y que puede entrar en colisión o conflicto de leyes o de competencia judicial al momento de que dicho individuo Extradición México Países Bajos es reclamado por un ordenamiento jurídico extranjero.

Finalmente, cabe advertir que en la aplicación de la ley penal en el plano internacional la extradición es de gran valor en el orden político felony; da singular valor a la aplicación especial de la ley penal, y del marco jurídico supranacional, ya que el sujeto aunque encuentra refugio en un Estado, debe de responder ante otro a través de esta institución; misma que, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se ha visto favorecida porque las relaciones internacionales se han dinamizado, multiplicado y hecho más complejas; y porque el adelanto tecnológico en materia de comunicaciones facilita la información necesaria para que el delito no quede sin castigo.

A pesar del cada vez mayor reconocimiento y aceptación del principio de jurisdicción common, los Estados aún son reticentes a aplicarlo, debido a que ponen sus intereses soberanos por encima de los de la justicia. Como sostiene la autora, "la evolución para lograr la asimilación del principio de la justicia common marcha con lentitud a pesar de los signos positivos que ha demostrado México" y otros países latinoamericanos, en contraposición al caso español, en el cual la legislación nacional y los tratados en materia de extradición celebrado por este país, ya contemplan dicho principio.